La orden de un tribunal colegiado para crear una Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa plantea interrogantes sobre competencias institucionales, la coordinación de peritajes y el uso de recursos públicos destinados a la investigación de la desaparición de 43 normalistas.
Contexto del conflicto
Familiares de los 43 presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la orden del tribunal colegiado de Tamaulipas; entre sus argumentos sostienen que la medida podría ‘‘fragmentar las investigaciones ministeriales vigentes’’ y crear solapamiento entre organismos como la CNDH y la Fiscalía General de la República.
Competencias y solapamientos
En México, la investigación penal y las labores forenses recaen principalmente en el Ministerio Público y en peritos adscritos a instituciones forenses. La creación de una comisión con facultades de investigación podría generar duplicidades operativas y jurídicas, sobre todo si no queda clara su relación con la FGR y los laboratorios forenses.
Los familiares han señalado que la resolución del tribunal colegiado otorga facultades extraordinarias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que, en su opinión, desnaturaliza atribuciones que corresponden al Ministerio Público Federal.
Protocolos internacionales y cadena de custodia
Entre las medidas que los familiares solicitan a la SCJN se encuentra ordenar a la FGR la adopción sistemática de los protocolos de Minnesota y Estambul y la constitución de una célula de peritos internacionales para fortalecer la depuración probatoria y el blindaje de la cadena de custodia.
La implementación de protocolos internacionales suele mejorar la calidad de las investigaciones, pero su aplicación exige acuerdos claros sobre competencia, acceso a evidencia y financiamiento técnico.
Riesgos y recomendaciones
- Clarificar atribuciones: definir legalmente el alcance de la comisión para evitar solapamientos con la FGR y laboratorios forenses.
- Asignación de recursos: asegurar que la creación de nuevos órganos no desvíe fondos indispensables para la investigación criminal en curso.
- Mecanismos de supervisión: establecer protocolos de cooperación técnica y transparencia para preservar la cadena de custodia y la validez probatoria.
El debate jurídico alrededor de la Comisión de la Verdad en Ayotzinapa combina elementos de derecho procesal, derechos humanos y políticas públicas. La resolución de la SCJN determinará cómo se articulan estos instrumentos y qué impacto tendrán en la búsqueda de justicia para las familias.