Estados Unidos mantuvo abiertas todas las opciones para responder al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de que la Organización de los Estados Americanos aprobara el viernes 2 de octubre de 2026 una resolución que exige a Nicaragua establecer condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas y liberar a las personas detenidas por motivos políticos.
La resolución fue aprobada por unanimidad durante una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington. El documento también solicita recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de las personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella.
La OEA establece un mecanismo de seguimiento
Como parte del acuerdo, la OEA creó un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, con apoyo técnico de la Secretaría General del organismo. El mecanismo deberá evaluar los avances y mantener abierto el diálogo diplomático sobre la situación política y de derechos humanos en el país.
La resolución fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú. Aunque plantea nuevas acciones diplomáticas y jurídicas, el texto no establece sanciones concretas contra el Gobierno nicaragüense.
Washington cuestiona la postura de Managua
El subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, consideró que el rechazo de Managua a la nominación de Natasha Franceschi como embajadora de Estados Unidos demuestra una falta de disposición para mantener un diálogo serio.
La delegación estadounidense señaló que la resolución contempla una nueva reunión después del trabajo del grupo encargado de dar seguimiento al caso. Washington indicó que mantiene abiertas todas las alternativas para exigir responsabilidades al Gobierno de Ortega y Murillo.
El caso de los nicaragüenses detenidos en Estados Unidos
Durante la conferencia posterior a la reunión de la OEA, Segura también fue cuestionado sobre ocho nicaragüenses detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El funcionario trasladó esa decisión a la agencia migratoria y al Departamento de Seguridad Nacional.
Siete de los detenidos forman parte del grupo de 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos en febrero de 2023, después de que el Gobierno de Nicaragua los declarara traidores y les retirara la nacionalidad.
El caso ocurre mientras aumentan las deportaciones de nicaragüenses. Entre enero y julio de 2026, más de 6 mil 300 personas fueron deportadas a Nicaragua, casi el doble que durante el mismo periodo de 2025, mientras que más de mil 100 fueron enviadas a terceros países desde enero de 2025.