El crimen organizado busca aprovechar la experiencia adquirida en la guerra entre Rusia y Ucrania para fortalecer el uso de drones en la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo con una investigación difundida el 23 de septiembre de 2026. El fenómeno incluye el reclutamiento de colombianos que participaron en ese conflicto y que posteriormente regresaron a América Latina.
La incorporación de personal con conocimientos sobre aeronaves no tripuladas representa un nuevo desafío para las autoridades de seguridad, debido a que los drones pueden utilizarse para vigilancia, reconocimiento de rutas y otras operaciones vinculadas con las actividades de los grupos criminales.
Experiencia adquirida en zonas de guerra
La guerra entre Rusia y Ucrania ha acelerado el desarrollo de tácticas para operar drones, evadir sistemas de interferencia y emplear equipos comerciales con fines militares. Esa experiencia, de acuerdo con la información disponible, se ha convertido en un conocimiento que organizaciones delictivas buscan incorporar a sus propias operaciones.
El reclutamiento de combatientes colombianos con experiencia en el conflicto europeo forma parte de esta tendencia. Tras su regreso a América Latina, algunos de ellos habrían recibido ofertas económicas para capacitar a grupos de operadores conocidos como “droneros”, especialmente en México.
Una amenaza que rebasa el muro fronterizo
El uso de drones modifica las condiciones de vigilancia en la frontera porque permite observar movimientos y rutas sin depender de cruces terrestres. La infraestructura física, incluida la barrera fronteriza, no elimina la posibilidad de que estos equipos sobrevuelen la zona o transmitan información a distancia.
La expansión de estas capacidades ocurre mientras México y Estados Unidos refuerzan la coordinación para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas relacionadas con actividades criminales. El reto incluye identificar a los operadores, bloquear las señales y determinar el propósito de cada vuelo.
El avance de los drones suma una dimensión tecnológica a la disputa contra el crimen organizado. También plantea la necesidad de mejorar la cooperación binacional y de actualizar las capacidades de seguridad para responder a tácticas que evolucionan al ritmo de los conflictos armados internacionales.