Las comisiones unidas de Justicia, Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado perfilan aprobar este miércoles 23 de septiembre de 2026 un dictamen que propone sancionar con tres a siete años de prisión a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos u otros signos oficiales para inducir a error o engaño a la población.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 29 de mayo de 2026 como parte de un paquete de reformas en materia de piratería y propiedad intelectual. El proyecto plantea adicionar el artículo 403 bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y contempla, además, multas de mil a 10 mil unidades de medida y actualización.
Qué plantea el dictamen
El nuevo tipo penal busca proteger la identidad gráfica institucional del Estado mexicano frente a usos no autorizados con fines comerciales. La redacción incluye elementos pertenecientes a los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.
La conducta sería sancionable cuando el uso de esos elementos se realice por cualquier medio, incluidos los electrónicos, digitales o tecnológicos, y tenga como finalidad inducir a error o engañar a una o más personas. El dictamen también prevé que las personas jurídicas puedan enfrentar consecuencias penales directas en los supuestos establecidos.
Críticas por el alcance de la medida
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, cuestionó que la redacción pueda alcanzar a quienes elaboren o reproduzcan memes y parodias con elementos de la identidad gubernamental. El legislador pidió que el texto incluya de manera expresa excepciones para periodistas y contenidos satíricos, así como garantías para la libertad de expresión.
La propuesta ha sido criticada porque, en su redacción actual, podría generar dudas sobre el tratamiento de parodias, memes y contenidos de crítica política que utilicen signos oficiales.
Anaya sostuvo que el debate legislativo debe distinguir entre el uso comercial de signos oficiales para generar engaño y las expresiones periodísticas, humorísticas o de crítica pública. También afirmó que el grupo parlamentario del PAN votaría en contra si no se modifica el proyecto.
La reforma aún no está vigente
El dictamen se encuentra en proceso legislativo y su eventual aprobación en comisiones no significa que las nuevas sanciones entren en vigor de inmediato. Para que la medida tenga efectos, todavía debe continuar su trámite parlamentario y cumplir con las etapas correspondientes.
El debate se concentra en definir con precisión el alcance del artículo 403 bis, particularmente en la diferencia entre el uso comercial de símbolos gubernamentales para provocar engaño y la utilización de esos elementos en expresiones de parodia, información o crítica política.