La posible revisión o retiro de la concesión de Grupo México para operar la ruta ferroviaria Nogales-Nacozari, en Sonora, podría afectar la percepción de seguridad jurídica para las inversiones privadas, advirtieron especialistas. El análisis ocurre después del descarrilamiento de un tren de Ferromex que provocó un derrame de hidrosulfuro de sodio en el municipio de Naco.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las empresas concesionarias tienen la obligación de dar mantenimiento a las vías, aunque reconoció que no siempre cumplen con esa responsabilidad. Añadió que Andrés Lajous, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, realiza una revisión de las condiciones de la infraestructura y de las concesiones ferroviarias.
La concesión de la vía general de comunicación ferroviaria Nacozari comprende la operación y explotación de la ruta corta, que conecta distintos puntos de Sonora, entre ellos Nogales y Nacozari. De acuerdo con información oficial del proyecto, su vigencia está prevista hasta el 1 de septiembre de 2027.
Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santamarina y Steta, consideró que una eventual revocación tendría el potencial de generar señales complejas para la certeza jurídica de las inversiones bajo concesiones federales. Sin embargo, señaló que el impacto dependería de la transparencia, la legalidad y el sustento técnico con que se conduzca el proceso.
“Lo más sensato en el contexto actual es que la revisión se conduzca con transparencia, apego irrestricto a la legalidad y basándose en evidencia técnica, para proteger el interés público en materia de seguridad ferroviaria y el medio ambiente”.
El académico Manuel Valencia sostuvo que el gobierno debe exigir a las empresas concesionarias no sólo el mantenimiento de la infraestructura, sino también los niveles más altos de seguridad y, cuando corresponda, la reparación de los daños ocasionados por accidentes.
El accidente que detonó la revisión ocurrió el 26 de julio en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco. El descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex provocó el derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, de acuerdo con reportes sobre la emergencia ambiental atendida por autoridades federales.
Valencia estimó que Ferromex cuenta con experiencia para cumplir con las normas de seguridad, pero planteó que la discusión pública sobre la concesión podría funcionar como una medida de presión o negociación. A su juicio, una ruptura del acuerdo sin una salida jurídica clara también enviaría un mensaje delicado a empresas nacionales y extranjeras.
El gobierno federal deberá definir si la revisión deriva en nuevas exigencias de mantenimiento, una modificación de las condiciones de operación o una decisión sobre la continuidad de la concesión. Mientras tanto, el caso mantiene abiertas las preocupaciones sobre seguridad ferroviaria, protección ambiental y certidumbre para la inversión privada.